Así lo hizo el Departamento de Estado, organismo que también citó la condena a Cristina Kirchner en la causa Vialidad. Qué otras causas mencionó el documento.
El Departamento de Estado norteamericano publicó este lunes su informe sobre la práctica de los derechos humanos en el mundo y en el capítulo dedicado a la Argentina alertó acerca de la corrupción el gobierno del expresidente Alberto Fernández. Además, citó como ejemplo la condena a la exvicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner a seis años años de cárcel en la causa Vialidad.
En la sección 4, el informe señaló: “La ley preveía sanciones penales por corrupción de funcionarios, pero el Gobierno no la implementó de manera efectiva. Durante el año 2023 hubo numerosos informes de corrupción gubernamental. Las instituciones débiles y un sistema judicial a menudo ineficaz y politizado socavaron los intentos sistemáticos de frenar la corrupción".
Como ejemplo de la corrupción gubernamental, recordó la condena a la exvicepresidenta. "Fernández de Kirchner y nueve implicados (45 en total) fueron acusados de recibir sobornos, pagar sobornos, o ambos, en contratos de obras públicas entre 2008 y 2015, cuando ella era presidente”, detalló el texto.
“Los fiscales estimaron el valor total del plan de soborno en 160 millones de dólares. Fernández de Kirchner fue condenada y, en diciembre de 2022, un tribunal de primera instancia la condenó a seis años de prisión, multa e inhabilitación perpetua para cargos públicos. La sentencia no sería definitiva hasta que se decidieran las apelaciones finales”, resaltó el texto.
“El tribunal acusó a Bento de liderar una organización criminal con vínculos con el narcotráfico y fue acusado de lavado de dinero y de aceptar sobornos a cambio de clemencia y otros beneficios judiciales. El 8 de noviembre, fue puesto en prisión preventiva tras perder los privilegios de inmunidad, cuando un jurado decidió destituirlo de su cargo por mal desempeño de sus funciones”, agregó el texto.
Sin enfocarse en casos específicos, el informe también hizo referencia a la "corrupción y la complicidad" en las fuerzas de seguridad. "Los abusos más frecuentes incluyeron la extorsión y la protección de quienes estaban involucrados en el tráfico de drogas, la trata de personas, el lavado de dinero y el comercio sexual. Fueron frecuentes las acusaciones de corrupción en los tribunales provinciales y federales", agregó.
El dossier fue presentado en conferencia de prensa por el titular del Departamento de Estado, Antony, Blinken, y aludió a la situación de las cárceles en la ciudad de Buenos Aires y la Provincia. “Las condiciones carcelarias son duras debido al hacinamiento, la mala nutrición y atención médica y las condiciones insalubres. (...) El hacinamiento en las cárceles siguió siendo un problema. A junio (2023), la provincia de Buenos Aires estimaba una población carcelaria de 53.097 en un espacio diseñado para 26.886 personas”, indicó el texto.
Y completó: "El hacinamiento en los centros de detención a menudo daba lugar a que las personas permanecieran retenidas en las comisarías de policía durante períodos prolongados, aunque algunas ONG y el defensor del pueblo penitenciario nacional señalaron que la ley prohibía hacerlo. El 18 de julio, organizaciones de derechos humanos protestaron por el hacinamiento en las comisarías de Buenos Aires. Organizaciones de derechos humanos estimaron que 1.155 detenidos se encontraban recluidos en espacios diseñados para 543″.
